Tras las fuga que ha tenido lugar en la central de Fukushima de Japón durante los últimos días, ha sido inevitable que surja a la palestra el debate sobre la energía nuclear. Mientras que países como Alemania y Austria plantean distintas medidas respecto a esta materia y examinan sus centrales y planes nucleares, el ejecutivo español no define su posición.
Actualmente existe en Europa un total de 143 reactores atómicos distribuidos entre 14 países. De entre ellos, Italia y Polonia planean construir centrales, y Francia y Reino Unido son los que más energía producen. Así, el territorio francés cuenta con 19 centrales que cubren el 80% de su demanda de consumo eléctrico, y que tienen una edad media de 25 años. Y es precisamente esta cuestión la que se está planteando en otros países de la Comunidad Europea: alargar o no la vida útil de las centrales.
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, además,han aprobado la propuesta de Austria, que ha planteando realizar exámenes de seguridad en todas las centrales de la U.E.
En nuestro territorio disponemos de 8 centrales nucleares, una de las cuales se encuentra en la Comunidad Valenciana (Cofrentes), cuyo riesgo sísmico es mayor que el de otras regiones. Los reactores de esta planta son del mismo tipo que los de la de Fukushima, es decir, reactores de agua en ebullición, que por cierto, se encuentran en España pero en ningún otro país de Europa.
Sin embargo y desgraciadamente, está comprobado que en este país sólo se actúa cuando ocurre una catástrofe que nos afecta, cuando ya no hay vuelta atrás. Y como prueba de ello no hay más que ver la reforma de la Ley antitabaco (que ha tenido lugar cuando los cánceres de pulmón han supuesto un gasto mayor que los ingresos recogidos con esta droga), la reforma de la Ley de Costas (cuando zonas como Benidorm estaban irremediablemente masificadas), o la modificación de la Ley del Menor después de casos como el de Marta del Castillo.
Actualmente existe en Europa un total de 143 reactores atómicos distribuidos entre 14 países. De entre ellos, Italia y Polonia planean construir centrales, y Francia y Reino Unido son los que más energía producen. Así, el territorio francés cuenta con 19 centrales que cubren el 80% de su demanda de consumo eléctrico, y que tienen una edad media de 25 años. Y es precisamente esta cuestión la que se está planteando en otros países de la Comunidad Europea: alargar o no la vida útil de las centrales.
Así, la canciller alemana ha dado a conocer que paralizará durante los próximos tres meses la ley aprobada el pasado octubre, ley que permite prolongar 14 años la vida de las centrales. Sin embargo, se han previsto hasta 130 manifestaciones en contra del uso de este tipo de energía y no se sabe todavía si finalmente la ley se pondrá en práctica.
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, además,han aprobado la propuesta de Austria, que ha planteando realizar exámenes de seguridad en todas las centrales de la U.E.
En nuestro territorio disponemos de 8 centrales nucleares, una de las cuales se encuentra en la Comunidad Valenciana (Cofrentes), cuyo riesgo sísmico es mayor que el de otras regiones. Los reactores de esta planta son del mismo tipo que los de la de Fukushima, es decir, reactores de agua en ebullición, que por cierto, se encuentran en España pero en ningún otro país de Europa.
Mas lo único que ha afirmado el Ministerio de Industria sobre la cuestión, es que este“no es un buen momento” para debatir. ¿Cuándo lo es si no?¿Qué mejor ocasión para tratar esta polémica? Tras la catástrofe de Japón la ciudadanía ha tomado conciencia del problema que puede suponer la falta de seguridad en las centrales. Pero nuestros gobernantes sólo aguardan a ver el desarrollo de los acontecimientos, actitud que no deja de sorprender, sobre todo porque hace tan sólo unas pocas semanas el tema de los cementerios nucleares, el incremento de la vida de las centrales, o la normativa sísmica del O.I.E.A, estaban a la orden del día.
Sin embargo y desgraciadamente, está comprobado que en este país sólo se actúa cuando ocurre una catástrofe que nos afecta, cuando ya no hay vuelta atrás. Y como prueba de ello no hay más que ver la reforma de la Ley antitabaco (que ha tenido lugar cuando los cánceres de pulmón han supuesto un gasto mayor que los ingresos recogidos con esta droga), la reforma de la Ley de Costas (cuando zonas como Benidorm estaban irremediablemente masificadas), o la modificación de la Ley del Menor después de casos como el de Marta del Castillo.
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