Cualquier observador avispado habrá advertido que la política de ostentación de la Comunidad Valenciana le está pasando factura. Mientras se malgastaba dinero en traer grandes eventos a la ciudad, inauguraciones, y desmedidos actos que iban a suponer “pan para hoy y hambre para mañana”; se iba acumulando una deuda con los pequeños proveedores de la Sanidad pública que actualmente asciende a más de 1300 millones de euros. Casi nada.
Así, la recién constituida Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana amenazó ayer con dejar de suministrar utillaje sanitario básico si no se establecían un calendario o unos plazos de pago. Plazos de pago que por cierto sólo cumplen los gobiernos autonómicos de Navarra, Galicia, y País Vasco. La entidad, que concentra al 80% de las empresas de poco volumen que proveen de productos básicos (como gasas, prótesis, instrumental quirúrgico o jeringuillas) se encuentra ante un dilema.
Si las 23 empresas sanitarias privan a la Sanidad Valenciana de este material, podrían morir personas, pero si no lo hacen y dejan de pagar a sus proveedores, deberán cerrar. Además, cuentan con otro inconveniente: que los bancos se niegan a conceder créditos a aquellas sociedades vinculadas a la Conselleria de Sanitat. Una vergüenza.
Pero ¿qué dice el conseller de Sanidad al respecto? Nada nuevo: que solucionar el problema no está en su mano, que él no maneja el dinero, y que el presupuesto sanitario es insuficiente; presupuesto que se ha mermado un 30% respecto del año anterior. La gota que ha colmado el vaso ha sido su reciente declaración en la que ha dicho que “sólo” debe 2009, 2010, y los tres primeros meses de 2011. Este señor no parece estar al corriente de la ley, que establece que la amortización debe realizarse en 60 días. Su departamento tarda hasta 600.
Desgraciadamente, el caso es extensible a los pequeños ayuntamientos que demoran el pago a las pequeñas empresas que han llevado a cabo obras públicas, y que se ven obligadas a cerrar porque no pueden sufragar a sus proveedores ni trabajadores. Y resulta ciertamente hipócrita que en esta tesitura Rajoy y Zapatero digan que van a favorecer a las pymes, que apuestan por ellas, y que son el futuro de España.
Vista la situación, a más de uno le entrarán ganas de contratar un seguro sanitario privado. Lástima que aquel que no pueda permitírselo seguirá siendo el perjudicado por la mala gestión de los gobernantes del dinero público.
