LA SANIDAD VALENCIANA, EN LA CUERDA FLOJA

Cualquier observador avispado habrá advertido que la política de ostentación de la Comunidad Valenciana le está pasando factura. Mientras se malgastaba dinero en traer grandes eventos a la ciudad, inauguraciones, y desmedidos actos que iban a suponer “pan para hoy y hambre para mañana”; se iba acumulando una deuda con los pequeños proveedores de la Sanidad pública que actualmente asciende a más de 1300 millones de euros. Casi nada.


Así, la recién constituida Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana amenazó ayer con dejar de suministrar utillaje sanitario básico si no se establecían un calendario o unos plazos de pago. Plazos de pago que por cierto sólo cumplen los gobiernos autonómicos de Navarra, Galicia, y País Vasco. La entidad, que concentra al 80% de las empresas de poco volumen que proveen de productos básicos (como gasas, prótesis, instrumental quirúrgico o jeringuillas) se encuentra ante un dilema.

Si las 23 empresas sanitarias privan a la Sanidad Valenciana de este material, podrían morir personas, pero si no lo hacen y dejan de pagar a sus proveedores, deberán cerrar. Además, cuentan con otro inconveniente: que los bancos se niegan a conceder créditos a aquellas sociedades vinculadas a la Conselleria de Sanitat. Una vergüenza.

Pero ¿qué dice el conseller de Sanidad al respecto? Nada nuevo: que solucionar el problema no está en su mano, que él no maneja el dinero, y que el presupuesto sanitario es insuficiente; presupuesto que se ha mermado un 30% respecto del año anterior. La gota que ha colmado el vaso ha sido su reciente declaración en la que ha dicho que “sólo” debe 2009, 2010, y los tres primeros meses de 2011. Este señor no parece estar al corriente de la ley, que establece que la amortización debe realizarse en 60 días. Su departamento tarda hasta 600.

Desgraciadamente, el caso es extensible a los pequeños ayuntamientos que demoran el pago a las pequeñas empresas que han llevado a cabo obras públicas, y que se ven obligadas a cerrar porque no pueden sufragar a sus proveedores ni trabajadores. Y resulta ciertamente hipócrita que en esta tesitura Rajoy y Zapatero digan que van a favorecer a las pymes, que apuestan por ellas, y que son el futuro de España.

Vista la situación, a más de uno le entrarán ganas de contratar un seguro sanitario privado. Lástima que aquel que no pueda permitírselo seguirá siendo el perjudicado por la mala gestión de los gobernantes del dinero público.

¿Debemos moderar los comentarios en las webs?

El Tribunal Supremo ha decidido cambiar la blanda jurisprudencia que atañe a los administradores de foros y páginas web. Por fin serán responsables de aquellos comentarios de sus usuarios que sean insultantes, atenten contra la dignidad de otra persona, o como dice la ley: cuya “ilicitud sea patente y evidente por sí sola”. Deberán eliminar asimismo, toda apostilla que haya sido denunciada por un ofendido. Es decir, que los individuos que se dediquen a insultar en blogs, foros, y distintas páginas, ya no lo tendrán tan fácil. Ni tampoco quien se dedique a incitar polémicas con el fin de que su sitio web obtenga más visitas y le genere ingresos por publicidad.


Sin embargo, muchos han visto en este cambio un intento de coartar su libertad de expresión, una ca za de brujas cuya finalidad es la de eliminar ciertas informaciones y reivindicaciones de Internet, una persecución que podría extenderse a las redes sociales y la televisión. ¿Están en lo cierto, o se equivocan?


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DESCONFIANZA AL ATO DE METROVALENCIA

Desde el sábado pasado las líneas 1, 3, y 5 del metro de Valencia cuentan con un sistema de conducción automático: el ATO (Automatic Train Operation). Este modo de manejo cambia las tradicionales funciones del maquinista, que de ahora en adelante se limitará a abrir y cerrar puertas, a dar la orden de salida, y a supervisar el correcto funcionamiento de la maquinaria. La innovación además, permite ahorrar energía, mejorar la calidad del servicio, e incrementar la seguridad; motivo por el cual la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio lleva reivindicándolo desde hace cinco años. Pero no todos los usuarios se han mostrado satisfechos con este cambio.

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¿La hipoteca es lo importante?

En la última sesión de control al gobierno, la posibilidad de que la hipoteca se anulara al devolver la vivienda al banco ha sido motivo de debate. Además, el martes pasado el Parlamento gallego alcanzó por unanimidad un acuerdo para reclamar que la deuda hipotecaria quedase saldada con esta entrega.

Pese a los precedentes que encontramos en Francia, Gran Bretaña, Alemania, o EEUU, Zapatero ha manifestado su oposición a abordar una medida que según él, “pondría en riesgo el sistema financiero”. Aun así, se ha mostrado a favor de fomentar iniciativas para proteger a los insolventes.


Dejando a un lado temas tan controvertidos como que no tiene sentido cambiar las obligaciones (no sólo de los hipotecados sino en general) una vez que han sido adquiridas, que hay gente en la calle que debe continuar pagando al banco tras haberle dado la casa, o que muchos compraron pisos que nunca podrían pagar (casándose hasta para 40 años con su entidad financiera); cabe plantearse un asunto fundamental: ¿Por qué ese afán español de tener una vivienda propia?

Frente al 65% de personas con domicilio en propiedad de la Unión Europea, España cuenta con un escandaloso 85%. ¿Qué motiva tal ansia de acaparamiento? Además la cuestión está íntimamente relacionada con el problema de la escasa movilidad laboral en nuestra nación, de cuya población solamente un 0,1% reside y trabaja en otro estado miembro de la Comunidad Europea. Cifra irrisoria si se compara con el 1,5% de europeos que lo hace, o con el 5,9% de los EEUU.

Entre los obstáculos que consideran los españoles a la hora de establecer su flexibilidad geográfica se encuentran por este orden, el arraigo familiar y de amistad, las barreras idiomáticas (lamentable ciertamente), y cómo no: la adquisición de viviendas en propiedad. Y eso que parece que a posteriori todo son problemas.

Nuestra actitud debería ser distinta, ya no por la mera negatividad que implica en sí misma, sino sobre todo por la actual época de crisis . La palabra por cierto, viene del verbo griego krinein, que significa separación, juicio, decisión; una decisión que implica replantearse el modo de concebir la vida, la vivienda, las posibilidades no sólo de trabajo y formación en otros lugares sino de crecimiento personal.
 
Por fortuna actualmente existen múltiples programas de movilidad como los erasmus, Marie Curie, la beca Leonardo da Vinci, las del ICEX, las becas MAEC, etcétera; además de un portal europeo de movilidad profesional, el EURES, que lleva ya más de 16 años en funcionamiento.

A pesar de las consideraciones iniciales parece que no todo está perdido, pues el Estudio Randstad del 2010 afirmaba que el 62% de los españoles están dispuestos a abandonar la ciudad en la que residen con el fin de conseguir un empleo. Y es más que probable que este cambio de perspectiva suscite otro en cuanto al tan polémico tema de la adquisición de la vivienda, los alquileres, y la hipoteca.

APUESTA POR LA CUSTODIA COMPARTIDA

La Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas decidió ayer que el próximo jueves convocará un último pleno extraordinario en el que, de entre otras cuestiones, se someterá a votación el Proyecto de Ley de la custodia compartida. Este “pleno escoba”, reclamado por la Federación por la Igualdad y la Coparentalidad, y forzado tras las últimos actos de protesta de la plataforma Custodia Compartida Ya, se celebrará previamente a la disolución del Parlamento valenciano por las elecciones autonómicas. Y ya era hora de que se tratase esta cuestión.

Resulta incomprensible que se prive a un niño de tener un padre y una madre en igualdad de condiciones, resulta abominable que se les utilice como moneda de cambio ante un divorcio, resulta inconcebible que la custodia monoparental la ostente un 95% de mujeres y sólo un 5% de varones. Sin embargo, hace escasos seis meses que en España existe una ley que sienta precedentes en cuanto a esta cuestión. Así, el pasado septiembre, el pleno de las Cortes de Aragón aprobaba la ley de igualdad en las relaciones familiares. Como consecuencia, otras comunidades como Navarra o Cataluña promulgaron leyes para la custodia compartida. Tras las tradicionales rencillas entre partidos políticos Valencia ha decidido actuar.

Esta nueva norma, que fija por encima de todo el interés del menor, parte de su derecho (art.12 Declaración Derechos Humanos) de convivir y estar con ambos progenitores. De este modo, recoge varios aspectos. Entre ellos figura la distribución a partes iguales tanto del tiempo que se pase con los hijos como de la responsabilidad para con ellos. Asimismo, las dos partes de la pareja deberán sufragar los gastos de educación y sanidad de su vástago.

La ley quiere asegurar que los menores, cuyos padres estén separados, puedan relacionarse con los restantes familiares pertenecientes a uno u otro miembro del ente parental. Además, con la iniciativa se pretenden separar las cuestiones económicas de las que realmente tienen que ver con la custodia en sí misma, e instaurar un régimen equitativo de trato con los dos individuos divorciados.

Mas prevalecerá siempre la voluntad de los hijos. Para los casos de menores lactantes el régimen de custodia compartida se introducirá paulatinamente y, lo más importante: si el niño es tan pequeño que todavía no es posible que sus declaraciones se tengan en cuenta (por capacidad de razonamiento, etcétera) lo normal será que se establezca la custodia compartida.

Por otra parte, cuando la ley entre en vigor se abrirá un plazo de dos años durante los que progenitores que no gozaban de la custodia de sus hijos puedan solicitarla, bien sea por vía amistosa o por la contenciosa. Todo un avance, desde luego.

A pesar de las ventajas que detentaría esta posible modificación no todo son ventajas, pues parece ser que en la práctica no se cumple esta ley. Y para ello no hay más que ver las últimas manifestaciones del día 20 de este mes de la asociación Padres Aragoneses en Acción, que denunciaban que la legislación no se cumple porque se topa con la oposición de algunos colectivos judiciales No sería la primera vez que en España los magistrados no aplican la ley como está establecido, no sería la primera vez que en España no se hace algo bien.

¿Caerá Gadafi?

El pasado sábado comenzó por fin la operación “Odisea al amanecer” con la que se pretendía instaurar una zona de exclusión aérea y proteger a los civiles libios que sufren la violencia de Gadafi. Tras los últimos bombardeos se ha puesto de manifiesto otro objetivo con el que la Liga Árabe no está demasiado de acuerdo: el de derrocar al tirano.

Y no es de extrañar. Muamar el Gadafi ha llegado a afirmar durante los últimos días de conflicto, que financió la campaña electoral de Sarkozy, que los rebeldes estaban influidos por Al Qaeda, o que la intervención de la ONU es una “segunda cruzada colonial”. Además, ha lanzado amenazas contra los países del Norte de África y del Mediterráneo, garantizándoles que sus intereses y territorios estarán en peligro a partir de ahora. Incluso se ha llegado a comparar con Franco, hecho paradójico por otra parte, ya que también ha vaticinado que los países aliados, “salvajes y criminales” caerán como “Hitler y Mussolini”.
Afortunadamente, en las últimas horas ha declarado un alto al fuego, alegando que se estaban matando demasiados civiles, civiles que ni en un sólo momento ha dudado él quitarles la vida.

En este contexto, España ha ofrecido a la coalición aviones F-18, una fragata, un submarino, y el uso de sus bases militares (cosa que no parece muy prudente, dada nuestra proximidad geográfica) Asimismo, el ejecutivo español pedirá el martes una mayor participación en la acción aliada.

Al margen de estas cuestiones, y teniendo en cuenta que el fin de las revueltas es inminente, cabe preguntarse qué pasará cuando todo termine. Algunas de las características de Libia permiten conjeturar sobre el futuro de este país tras la caída del régimen. Por ejemplo, la actual división de bandos podría desembocar en regiones independientes con constantes enfrentamientos. Mas otra posibilidad es que la ausencia de estructuras políticas básicas, de una sociedad civil organizada, o hasta de un capital oficial, condujese a los libios a un vacío institucional En cuanto a la última opción no hay por qué preocuparse, pues la Unión Europea no permitiría tal situación en un país donde consigue buena parte de su suministro petrolífero.

En definitiva, sólo queda esperar al desarrollo de los acontecimientos, pero de momento me quedaría con una frase que dijo Obama en referencia a Gadafi y a la intervención de los aliados: “Era necesario demostrar que los actos tienen consecuencias”. Y tenía toda la razón

EL FUTURO NUCLEAR DE ESPAÑA

Tras las fuga que ha tenido lugar en la central de Fukushima de Japón durante los últimos días, ha sido inevitable que surja a la palestra el debate sobre la energía nuclear. Mientras que países como Alemania y Austria plantean distintas medidas respecto a esta materia y examinan sus centrales y planes nucleares, el ejecutivo español no define su posición.

Actualmente existe en Europa un total de 143 reactores atómicos distribuidos entre 14 países. De entre ellos, Italia y Polonia planean construir centrales, y Francia y Reino Unido son los que más energía producen. Así, el territorio francés cuenta con 19 centrales que cubren el 80% de su demanda de consumo eléctrico, y que tienen una edad media de 25 años. Y es precisamente esta cuestión la que se está planteando en otros países de la Comunidad Europea: alargar o no la vida útil de las centrales.

Así, la canciller alemana ha dado a conocer que paralizará durante los próximos tres meses la ley aprobada el pasado octubre, ley que permite prolongar 14 años la vida de las centrales. Sin embargo, se han previsto hasta 130 manifestaciones en contra del uso de este tipo de energía y no se sabe todavía si finalmente la ley se pondrá en práctica.

Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, además,han aprobado la propuesta de Austria, que ha planteando realizar exámenes de seguridad en todas las centrales de la U.E.

En nuestro territorio disponemos de 8 centrales nucleares, una de las cuales se encuentra en la Comunidad Valenciana (Cofrentes), cuyo riesgo sísmico es mayor que el de otras regiones. Los reactores de esta planta son del mismo tipo que los de la de Fukushima, es decir, reactores de agua en ebullición, que por cierto, se encuentran en España pero en ningún otro país de Europa.

Mas lo único que ha afirmado el Ministerio de Industria sobre la cuestión, es que este“no es un buen momento” para debatir. ¿Cuándo lo es si no?¿Qué mejor ocasión para tratar esta polémica? Tras la catástrofe de Japón la ciudadanía ha tomado conciencia del problema que puede suponer la falta de seguridad en las centrales. Pero nuestros gobernantes sólo aguardan a ver el desarrollo de los acontecimientos, actitud que no deja de sorprender, sobre todo porque hace tan sólo unas pocas semanas el tema de los cementerios nucleares, el incremento de la vida de las centrales, o la normativa sísmica del O.I.E.A, estaban a la orden del día.

Sin embargo y desgraciadamente, está comprobado que en este país sólo se actúa cuando ocurre una catástrofe que nos afecta, cuando ya no hay vuelta atrás. Y como prueba de ello no hay más que ver la reforma de la Ley antitabaco (que ha tenido lugar cuando los cánceres de pulmón han supuesto un gasto mayor que los ingresos recogidos con esta droga), la reforma de la Ley de Costas (cuando zonas como Benidorm estaban irremediablemente masificadas), o la modificación de la Ley del Menor después de casos como el de Marta del Castillo.

Texto publicado en lavozdevalencia

¿Y SI EL TSUNAMI FUESE EN ESPAÑA?

El pasado día 11 tuvo lugar uno de los mayores seísmos en Japón desde los últimos 140 años. El terremoto provocó un enorme tsunami cuyas consecuencias son todavía incalculables. Afortunadamente, el país nipón, acostumbrado a este tipo de desastres, supo afrontar el problema de un modo admirable.

Contando con el precedente del terremoto de Kobe en 1995, y siendo uno de los países que más seísmos padece al año, Japón se ha dedicado durante los últimos años, a investigar y poner medios para evitar males mayores en ocasiones como la del pasado viernes. Estas medidas son impensables en países con un riesgo similar como Chile, e incluso en España.
Así, el sismo del 27 de febrero del año pasado en Chile se saldó con 525 fallecidos y unos 2 millones de damnificados, y provocó múltiples saqueos que los carabineros apenas pudieron mantener a raya. Para más inri, tras los temblores, la presidenta Bachelet desestimó el riesgo de tsunami. Posteriormente, uno de estos se llevaba sus palabras junto con otras tantas vidas.
Sin embargo, Japón cuenta desde hace tiempo, con numerosos sistemas e iniciativas de prevención, y con una arquitectura preparada y sólida para resistir ante este tipo de acontecimientos. Desde temprana edad se enseña a los niños a cómo actuar en tales situaciones, los trenes de alta velocidad frenan inmediatamente ante un temblor, y disponen de cimientos de amortiguación sísmica, tecnologías de control de la vibración, etcétera. Además, ofrece información a otros países como el mencionado Chile, llevando a sus universidades manuales infantiles ante tsunamis, entre otros.
A pesar de esto, se prevé que los muertos podrían ascender a 1700, y todavía hay unos 10.000 desaparecidos.
Pero ¿qué pasaría si una catástrofe de tal calibre ocurriese en España?¿Estaríamos preparados?
En nuestro país las zonas con mayor riesgo de sismos son Andalucía Oriental, Murcia, Canarias, y la Comunidad Valenciana; zonas en las que tan sólo existe una Norma de Construcción Sismorresistente relativamente reciente (2007), norma que, evidentemente, no es suficiente. Eso sin contar con la falta de información suministrada a los habitantes de estas regiones sobre cómo actuar ante terremotos y demás, o con que nuestros tendidos eléctricos son subterráneos.
Pero tal vez España no esté preparada para poner en práctica medidas como las de Japón ni para actuar con su rigor. Sobre todo con unos gobernantes y políticos más preocupados por su implicación en casos de corrupción que por la seguridad de su ciudadanía, y teniendo en cuenta la típica insolencia del “gallito” español con la que en tales catástrofes más de uno diría: de mi casa no me echan.

Artículo publicado en la voz de valencia

AHORRO ENERGÉTICO, ¿LA SOLUCIÓN?

A principios de esta semana entró en vigor la nueva ley que diminuye el límite de velocidad a la que está permitido circular en autopistas y autovías, una medida que ha sido tomada como consecuencia del conflicto libio y de la crisis petrolífera. Además de esta, otras propuestas para reservar energía han sido comentadas durante los últimos días. Pero, ¿ahorrar energía es realmente la solución?

La limitación a 110km/h no ha tenido muy buena acogida entre los españoles y se han derivado distintas polémicas. Así, el coto a la velocidad ha supuesto cambios como una distinta aplicación de las multas por exceso de velocidad, y un gasto adicional a la hora de colocar los adhesivos “profesionales” encima de las señales. Éste, además, se incrementará cuando haya que quitarlos, ya que llevar a cabo esta tarea no es fácil, sobre todo porque las pegatinas están preparadas para una duración de diez años. Y resulta paradójico que al mismo tiempo que tiene lugar esta propuesta, en países como Holanda se haya aprobado aumentar el límite de velocidad para disminuir el número de accidentes.

No es la primera vez que en España se reduce la cifra a la que podemos circular, puesto que en 1973 ya tuvo lugar una medida similar como consecuencia de la llamada crisis del petróleo.

A pesar de todo esto, la modificación supondrá un ahorro de un 15% de gasolina, y un 11% de Diesel. También ha afectado a los billetes de Renfe de cercanías, que se han abaratado un 5%.

Otra medida que ha planteado Fomento las últimas semanas ha sido la reducción de la luz en las carreteras. Mas resulta contradictorio que Tráfico promueva encender las luces de los vehículos durante el día para aumentar la visibilidad. Esta propuesta podría resultar peligrosa y generar puntos negros, y por lo tanto sería conveniente llegar a un equilibrio entre seguridad vial y ahorro energético.

La última de las iniciativas dada a conocer consiste en cambiar las bombillas convencionales de las farolas por bombillas led, que aunque supondrían una gran inversión inicialmente, se amortizarían en el plazo de un mes. Precedentes de esta iniciativa los encontramos en algunos municipios de Cataluña cuyos habitantes están plenamente satisfechos. A pesar de las ventajas que comportaría este cambio, las comunidades autónomas no se han mostrado demasiado de acuerdo, pues el gasto no está claro si correrá a su costa o a la del gobierno. Sería simplemente más sensato que las farolas se apagasen durante el día.

¿Pero estas propuestas erradican el verdadero problema? No. España es actualmente un país con una fuerte dependencia energética, dependencia que ha producido que se introduzcan estos “paliativos temporales” durante la crisis libia.

Es necesario un cambio de mentalidad que permita la creación de centrales energéticas en esta nación, un cambio que además, promueva medidas efectivas a largo plazo en ámbitos tan diversos como la edificación, el urbanismo, el transporte (que supone un 90% de la demanda de petróleo), y la demanda de electricidad.

MORBO, COMUNICACIÓN, Y RESPONSABILIDAD

Tras la puesta en conocimiento del estado de salud de la recién operada presidenta de la Comunidad de Madrid, cabe preguntarse hasta qué punto los politicos están obligados a proporcionar informaciones de tipo personal, y en qué medida éstas son útiles para la población. Al respecto, pueden barajarse varias cuestiones, pues términos como morbo, derecho a la información, o derecho a la intimidad, afloran en este debate.

Es importante además, diferenciar entre políticos y famosos, dado que mientras muchos de estos últimos ganan dinero a costa de proveer a la prensa de hasta el más mínimo detalle de su vida privada, los dirigentes políticos sólo proporcionan información de carácter personal, en determinados casos.

Este en concreto, la comunicación de la intervención quirúrgica por cáncer de mama de Esperanza Aguirre, tiene especial relevancia. Sobre todo en un contexto en el que las elecciones están a la vuelta de la esquina, y en el que la presidenta tiene un papel fundamental.

Aguirre dio a conocer su enfermedad y advirtió a los ciudaddanos que se ausentaría brevemente de la vida política. Con esta información evitó posibles especulaciones sobre su desaparición de la política, y los probables daños morales, tanto para ella como para sus allegados, que de estas se hubieran podido derivar. Asimismo, Cospedal ratificó inmediatamente su candidatura al cargo que actualmente ostenta, con lo que existe una coherencia en todas las declaraciones.

Otro efecto positivo del comunicado de Esperanza Aguirre ha sido el hincapié que se puso en que el cáncer le fue detectado durante una revisión rutinaria, y en que si se trata a tiempo, es una enfermedad asumible. La acción favorece el incremento de las revisiones e incluso la posterior aparición en los medios de informaciones, reportajes, etcétera, sobre los avances científicos en materia de oncología.

Siempre que el estado de salud de un dirigente político pueda afectar a la vida pública, ha de comunicarse a la ciudadanía. Ahora bien, no se debe incurrir en detalles morbosos o informar de las dolencias privadas de los mandatarios en casos en los que no repercutan sobre la nación. Prima, por lo tanto, su derecho a la intimidad y privacidad frente a un supuesto "derecho a la información".

Por otra parte, el comunicado que hizo la presidenta plantea el posible uso político de su enfermedad. Su necesidad de apoyo para superar el cáncer podía transmitir una imagen desamparada. En esa ocasión sin embargo, y estemos de acuerdo o no con sus ideas políticas, lo que Esperanza Aguirre mostró fue valentía y responsabilidad.

A pesar de todas estas cuestiones, algunos medios de comunicación han basado el establecimiento de su "agenda setting" en el morbo que el cáncer de Aguirre ha suscitado. Y ellos también deberían ser responsables.